Revista Jurídica de la Universidad de San Andrés
La Revista Jurídica de la Universidad de San Andrés es una iniciativa universitaria cuyo objeto consiste en la publicación periódica de contenidos académicos relacionados con diferentes áreas del Derecho. Su principal misión es contribuir al libre debate de ideas jurídicas y enriquecer la práctica del derecho en la Argentina. A los fines de garantizar la calidad de sus contenidos, toda publicación debe pasar por un riguroso proceso de referato, a cargo de profesionales expertos.
Perspectiva gerontológica actual y acceso a la justicia
Este trabajo versará acerca de un tema innovador y apasionante: el derecho de la vejez. Esta disciplina surge para dar respuesta al “edadismo”, un fenómeno generalizado en instituciones, legislaciones y políticas de todo el mundo. Dicho fenómeno afecta de manera directa la salud y la dignidad de las personas. Se estudiará cómo jueces y juezas, en observancia del control de convencionalidad y de las 100 Reglas de Brasilia, pueden garantizar un proceso efectivo. Esto requiere respetar las garantías del debido proceso y aplicar principios como la protección reforzada, el trato preferente y los plazos razonables. Asimismo, implica incorporar ajustes de procedimiento y otras herramientas adecuadas. El análisis abarcará desde el inicio del proceso hasta su ejecución, teniendo siempre en cuenta las características propias del colectivo de personas mayores. Se realizará mediante un análisis descriptivo de la bibliografía y la jurisprudencia existente. Con ello, se buscará facilitar la comprensión del estado actual de discusión en esta materia, que ha adquirido trascendencia jurídica a nivel mundial.
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La teoría del índice de confianza en el Derecho
El presente artículo propone la formulación de una teoría jurídica-económica denominada “El Índice de confianza en el Derecho”, que relaciona la disposición a contratar en el mercado con los costos de transacción jurídicos requeridos para formalizar acuerdos entre agentes económicos. Bajo un enfoque cualitativo y analítico, se sostiene que existe una correlación directa entre el nivel de confianza sistémica en una sociedad y la eficiencia del mercado. A menor confianza, mayor es la necesidad de instrumentos jurídicos, lo que incrementa los costos de transacción y reduce la voluntad de contratar. El artículo toma como base teórica el teorema de Ronald Coase y elementos normativos del Derecho, como la seguridad jurídica, el principio de buena fe y los valores democráticos. Se concluye que el diseño institucional debe orientarse a fortalecer la confianza para facilitar la interacción económica eficiente.
Obligaciones negociables con recurso limitado y obligaciones negociables para el financiamiento de proyectos
El presente ensayo analiza el régimen legal y la evolución normativa aplicable a las obligaciones negociables con recurso limitado y las obligaciones negociables destinadas al financiamiento de proyectos (project bonds) en Argentina. Se describen las características principales de ambos instrumentos, sus diferencias estructurales y regulatorias y los requisitos específicos para su emisión, haciendo especial hincapié en el impacto de la Ley de Financiamiento Productivo y las Normas de la CNV. El trabajo destaca la importancia de estos instrumentos para canalizar inversiones hacia proyectos de infraestructura y desarrollo productivo, así como la necesidad de vehículos especializados y garantías adecuadas. Asimismo, se examinan los precedentes de mercado y se identifican los desafíos y oportunidades que enfrenta el mercado de capitales argentino para la consolidación de estos mecanismos de financiamiento.
Justicia juvenil: la especialidad como imperativo epistemológico
El artículo argumenta que la justicia juvenil no ha logrado una identidad diferencial genuina respecto al derecho penal ordinario, a pesar del sólido marco normativo internacional sustentado en el principio de especialidad. Postula que la ineficacia de este principio se debe a la persistencia de una matriz de pensamiento subterráneo, arraigada en el modelo penal para adultos, que moldea las decisiones y las percepciones de los operadores. El texto analiza cómo esta influencia se manifiesta en el reduccionismo teórico y metodológico, la interpretación de la Convención sobre los Derechos del Niño (CIDN) desde una lógica punitivista, la priorización del hecho sobre el daño y la penalización por sobre la protección. Para superar este estancamiento, se propone una reingeniería epistemológica que promueva una comprensión profunda y estratégica de la especialidad, entendida como un principio rector que exige una aproximación holística, restaurativa e interdisciplinaria. El artículo concluye que para una transformación efectiva se necesita una militancia activa del principio, cambios en la formación profesional y una mayor jerarquización de la justicia juvenil en las estructuras de poder.
Justicia distributiva, activismo judicial y los desafíos institucionales del juez en la nivelación de las desigualdades sociales: reflexiones a partir del fallo “V. O., E. c/ Estado Provincia de Buenos Aires”
Se suele sostener que, en ciertos modelos de Estado democrático de derecho, el Estado debe adoptar medidas orientadas a garantizar condiciones esenciales como la salud, la educación y el empleo, a fin de que las personas puedan desarrollar sus proyectos de vida. Sin embargo, aunque resulta claro que la responsabilidad principal en la implementación de estas políticas recae en los poderes legislativo y ejecutivo, el rol del poder judicial en la supervisión y garantía de los derechos sociales continúa siendo objeto de debate. En este trabajo se analiza el fallo “V. O., E. c/ Estado Provincia de Buenos Aires” de la Cámara de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo de La Plata, que ordenó el pago de un salario mínimo a una madre soltera en situación de vulnerabilidad. A partir de este precedente, se reflexiona sobre el alcance de la intervención judicial en la protección de las prestaciones sociales, con el objetivo de determinar de qué modo el poder judicial puede contribuir a garantizar los derechos sociales sin vulnerar el principio de división de poderes.
La Corte Suprema y la reelección indefinida: un fallo correcto pero que ignoró una valiosa tradición argentina
En diciembre del año 2024, la Corte Suprema de Justicia de la Nación se pronunció sobre uno de los casos más esperados por la ciudadanía y por la comunidad jurídica en el último tiempo: la inconstitucionalidad de la reelección indefinida al cargo de gobernador en la Provincia de Formosa. Lo hizo en el caso “Confederación Frente Amplio Formoseño”. Si bien este caso resolvió de forma constitucionalmente acertada el conflicto, se verá que dicha decisión podría haber sido anclada en el significado original que los constituyentes originarios tenían del término “forma republicana” de la Constitución Nacional y su contenido concreto. Este trabajo se orienta a reflexionar y examinar el origen de la limitación a la reelección como uno de los contenidos propios del significado original que tenía la forma republicana de gobierno para los constituyentes de 1853. Esto con el objeto de señalar que el punto de partida del razonamiento del voto mayoritario debería haber estado anclado en una tradición que, con base en distintas fuentes y experiencias en el derecho comparado, resulta auténticamente argentina.
El camino hacia la reconfiguración de los presupuestos concursales
La Ley de Concursos y Quiebras argentina ha quedado grande, cuando no obsoleta, si se piensa en dos aspectos puntuales: la conservación de las pequeñas y medianas empresas y el tratamiento de la insolvencia de las personas humanas no empresarias. El concurso preventivo ha demostrado ser —en muchos casos— una herramienta que llega tarde, cuando la crisis ya se encuentra instalada o en etapa terminal. La rigidez de la ley para definir la cesación de pagos como presupuesto objetivo, sumada a la ausencia de trámites específicos para personas humanas no empresarias, se presentan como las primeras barreras para reacomodar pasivos y retomar la actividad habitual. Además, los acreedores se ven perjudicados. Las posibilidades de cobro son mayores cuando la empresa sigue en marcha que en una liquidación judicial. En este contexto, se impone legislar sobre el tramo que transcurre entre el comienzo de la crisis y la cesación de pagos. Repensar la tutela de la empresa, de las personas humanas sobreendeudadas y del derecho de cobro de los acreedores es una tarea urgente y estructural.
La responsabilidad por daños causados por el uso de IA: ¿responsabilidad objetiva, subjetiva o híbrida?
La irrupción de la inteligencia artificial en la vida cotidiana y profesional ha generado desafíos inéditos para el derecho, especialmente en materia de atribución de responsabilidad por daños. La autonomía y capacidad de aprendizaje de los sistemas de IA dificultan la aplicación de los regímenes tradicionales de responsabilidad objetiva y subjetiva, ya que la identificación del sujeto responsable y la reconstrucción de la cadena causal se ven dificultadas por la intervención de múltiples actores y la imprevisibilidad de los resultados. En este contexto, la distinción entre sistemas autónomos y supervisados, así como el grado de intervención humana, resultan determinantes para evaluar la imputación de responsabilidad. Un enfoque híbrido y flexible, que permita transitar con inteligencia aspectos del modelo de responsabilidad objetivo y subjetivos, parece propicio frente a los múltiples desafíos y peculiaridades de la IA.
¿La buena fe en los contratos debe ser de interpretación restrictiva?
Este artículo se ocupa del principio de la buena fe en los contratos. Su objetivo es determinar cuál es el verdadero alcance que debe tener la buena fe en la contratación entre iguales. Parte de la hipótesis de que dicho principio se expresa de forma tan amplia y abarcativa que puede llevar a situaciones en las que la voluntad de los jueces reemplace a la de las partes y, sobre todo, en las que exponga a estas últimas a una litigiosidad innecesaria. Para verificar estas presunciones, se analiza este principio desde su origen en el derecho romano, su distinta recepción en el sistema del common law y del derecho civil continental, y su regulación en el nuevo Código Civil y Comercial argentino. Posteriormente, se distingue entre la buena fe subjetiva y la objetiva, siendo esta última, de forma general, la propia de los contratos. Se comentan cuáles son las funciones de la buena fe o, dicho de otro modo, para qué sirve la buena fe en los contratos. Seguidamente, se exponen las críticas que se han formulado a este principio relativas a su falta de certeza, por un lado, y al excesivo poder que da a los jueces, por el otro. Finalmente, se fundamenta cuál debería ser el alcance de este principio en la contratación paritaria y se responde la pregunta, menos obvia de lo que parece a primera vista, si las partes pueden pactar la no revisión de su contrato bajo criterios vinculados a la buena fe.
Limitando la responsabilidad penal de los directivos: ¿la obligación de establecer sistemas de control desplaza la supervisión personal?
Resumen Este artículo analiza los límites de la responsabilidad penal de los directores en estructuras corporativas complejas, tomando como punto de partida el fallo “Oviedo, Javier Darío c/Telecom Argentina S.A.” de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. La doctrina sentada en dicho precedente establece que, en empresas de gran envergadura, el deber de diligencia del directorio no exige la supervisión personal de cada decisión, sino que se satisface al cerciorarse de que existan mecanismos de control apropiados. Tras una delegación válida, la responsabilidad del directorio se limita a la infracción de su deber residual de vigilancia, es decir, omitir la implementación de dichos controles o no reaccionar ante irregularidades conocidas. El trabajo sostiene que la responsabilidad penal no puede ser objetiva, sino que exige acreditar el aspecto subjetivo (dolo o culpa). Finalmente, se aborda la figura de la ignorancia deliberada como mecanismo de atribución dolosa. Se argumenta que, cuando un directivo decide conscientemente ignorar señales de alerta, su conducta se equipara al dolo.
Sobre la reiteración delictiva como fundamento de la prisión preventiva en el Código Procesal Penal de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Este trabajo analiza la incorporación de la cláusula de reiteración delictiva en el art. 182 inc. 7 del Código Procesal Penal de la Ciudad de Buenos Aires como pauta para acreditar peligro de fuga en la prisión preventiva. A partir de la descomposición de la cadena inferencial implicada en su aplicación, se evalúa su validez lógica y empírica. El estudio demuestra que el razonamiento subyacente descansa en generalizaciones frágiles y carentes de respaldo empírico, lo que reduce su valor epistémico y aumenta el riesgo de decisiones arbitrarias. Asimismo, se argumenta que la operatividad de la pauta debilita la autonomía del imputado y solapa funciones ya previstas en otras disposiciones. Se concluye que la cláusula de reiteración delictiva resulta innecesaria y problemática dentro del sistema procesal vigente.
¿De qué hablamos cuando hablamos de justificación del castigo? Una propuesta dworkiniana
Este artículo sostiene que gran parte de la ambigüedad persistente en torno a la discusión sobre la justificación del castigo se debe a una confusión inadvertida entre preguntas de naturaleza descriptiva, normativa y conceptual dentro de las denominadas teorías de la pena. Tal confusión, se sugiere, produce una perniciosa superposición de niveles de análisis, como se puede constatar, por ejemplo, en la teoría agnóstica defendida por Zaffaroni, Alagia y Slokar en su Manual de Derecho Penal. A partir de este diagnóstico, el trabajo propone una alternativa metodológica inspirada en la teoría de la interpretación de Ronald Dworkin. Se argumenta que el filósofo del derecho penal debería aproximarse a la práctica del castigo de un modo análogo al que el juez dworkiniano se aproxima al derecho. Este enfoque interpretativo, se postula, ofrece un marco atractivo para abordar algunas de las tensiones recurrentes en la literatura sobre la teoría de la pena.
El Anti-Hobbes de Feuerbach en la reciente filosofía del derecho de habla hispana
En 1797, Paul Johann Anselm von Feuerbach, considerado uno de los padres fundadores de la dogmática penal moderna, publicó el Anti-Hobbes, una de sus obras fundamentales como filósofo. Este libro, al igual que gran parte de la obra de Feuerbach, no se tradujo al español hasta hace poco: recién en 2010 se publicó finalmente la versión en español. No obstante, el Anti-Hobbes ha recibido bastante atención en la filosofía del derecho latinoamericana de los últimos quince años: no solo se han publicado recensiones, sino también artículos científicos críticos. En este texto serán analizadas, en particular, las críticas que tres autores latinoamericanos le han realizado en los últimos años a las ideas de Feuerbach en el Anti-Hobbes. La crítica “de izquierda” de Mauro Benente, la crítica republicana de Santiago Truccone y la crítica sobre la teoría del castigo de Eugenio Raúl Zaffaroni. Mostraré que, si bien el debate fue estimulante, ninguna de las críticas es decisiva.
Duración del trámite ordinario para la sanción de las leyes: ¿el tiempo legislativo como justificación estructural del DNU?
Este trabajo analiza la duración del trámite legislativo ordinario en el Congreso de la Nación Argentina, con el objetivo de aportar elementos que permitan valorar con mayor precisión cuándo resulta constitucionalmente válido el dictado de decretos de necesidad y urgencia (DNU) por parte del Poder Ejecutivo. En particular, se parte del supuesto establecido en el fallo Verrocchi de la Corte Suprema, que admite la posibilidad de recurrir al DNU cuando la necesidad y, en ciertos casos, la urgencia, de una situación resulte incompatible con los tiempos normales de formación y sanción de las leyes. Sin embargo, la falta de un parámetro orientativo sobre la duración de dicho trámite genera un vacío que dificulta la evaluación de esa incompatibilidad. A través de una doble aproximación —teórica, por un lado, y empírica, por otro— este estudio intenta brindar una referencia sobre los tiempos reales que demanda el proceso legislativo ordinario. Con ese dato, el análisis procura responder un interrogante adicional: si el procedimiento legislativo demanda en promedio 272 días, ¿ello implicaría —según la pauta de Verrocchi— que esa demora bastaría, por sí sola, para justificar un DNU, con el riesgo de vaciar en la práctica su carácter excepcional?
Reseña de David Campbell, “Contractual Relations – A contribution to the Critique of the Classical Law of Contracts"
Reseña de David Campbell, Contractual Relations: A Contribution to the Critique of the Classical Law of Contracts (Oxford: Oxford University Press, 2022).
¿Es el delito de autolavado de dinero autónomamente punible?
El presente trabajo tiene por objeto analizar la criminalización del autolavado de dinero conforme su incorporación como conducta típica y punible en el año 2011. Respecto a cómo interpretar la punibilidad de este delito se han suscitado discusiones doctrinarias no solo en nuestro país, ya que la modificación provino de las exigencias del organismo internacional GAFI. Los argumentos que objetan la punibilidad, relacionados con el encubrimiento, se basan en la tesis del delito posterior copenado, en la prohibición de la autoincriminación, en la inexigibilidad de otra conducta o en la existencia de un estado de necesidad que justificaría el comportamiento. Aquí se estudiarán y criticarán estas objeciones, para finalmente concluir que el autolavado, tal como está regulado hoy, sería autónomamente punible.
Hacia una justicia aumentada: un análisis iusfilosófico de los desafíos de la inteligencia artificial en el sector judicial
Este trabajo analiza las transformaciones que la inteligencia artificial produce en la administración de justicia desde una perspectiva iusfilosófica. Se examinan las implicancias éticas y constitucionales de los sistemas de inteligencia artificial en el razonamiento judicial, con especial atención a las tensiones entre la automatización y los principios del Estado de Derecho. A partir del análisis del Reglamento de IA del Parlamento Europeo, se identifican insuficiencias regulatorias frente a los desafíos conceptuales que plantea la delegación de decisiones judiciales a sistemas automatizados. El artículo propone un modelo híbrido que preserve la centralidad del razonamiento humano en cuestiones valorativas, mientras se aprovechan las capacidades computacionales para tareas de menor complejidad. La filosofía del derecho emerge como disciplina para salvaguardar los valores democrático-constitucionales ante los riesgos de una automatización acrítica de la justicia.
La aplicación del silencio administrativo positivo en la Ley de Procedimientos Administrativos tras la entrada en vigencia de la Ley de Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos
Tras la sanción de la Ley de Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos Nro. 27.742 y sus normas reglamentarias, el instituto del silencio de la administración con sentido positivo comenzó a regir en materia de procedimientos administrativos. En el presente, se hará una recapitulación conceptual, comparativa, histórica y, finalmente, de análisis a la normativa actual.
ley de bases y puntos de partida para la libertad de los argentinos
De operadora a compradora: la transformación de CAMMESA a lo largo de los años
Este trabajo considera la expansión de las funciones de la Compañía Administradora del Mercado Mayorista Eléctrico S.A. (“CAMMESA”) en los últimos veinte años y sus implicancias con relación a lo establecido en la Ley 24.065. Se pone especial énfasis en los distintos regímenes articulados por el Estado Nacional en virtud de los cuales CAMMESA se constituyó como parte compradora de energía eléctrica de fuente convencional y no convencional. Asimismo, se realiza un breve análisis sobre las pretensiones de la actual administración con respecto a CAMMESA.
Diferencias en la respuesta punitiva entre la comercialización de estupefacientes a gran escala y el narcomenudeo
Este breve ensayo tiene por finalidad analizar las modificaciones en la política criminal relacionadas con la Ley Nro. 23.737 –(Ley de Estupefacientes), sus antecedentes históricos, su naturaleza jurídica, las modificaciones legislativas (Ley Nro. 26.052) y su impacto jurisprudencial que modificaron de manera sustancial e insoslayable la política criminal para abordar al delito de comercialización de estupefacientes, comprendido en el Art. 5 inc. c de dicha norma. Juntamente con evidenciar las necesarias nuevas estrategias criminales relevantes que se deben desarrollar en virtud de lo que ha sido determinado por nuestros legisladores y la jurisprudencia en la materia.
Informe sobre la República Argentina en relación con la independencia judicial en el contexto de la organización del Poder Judicial
Este informe examina la independencia judicial en el contexto de la organización del poder judicial en Argentina. Está dividido en cuatro partes. En primer lugar, aborda la organización del poder judicial. En esa parte dedica especial atención al nombramiento de jueces y al papel del Consejo de la Magistratura. En segundo lugar, se ocupa de la autonomía del poder judicial. Allí, el informe se centra en la estabilidad y la destitución de jueces. En tercer lugar, el informe se aproxima al sistema judicial, ahondando principalmente en el funcionamiento de los tribunales federales. Por último, el informe explora brevemente dos aspectos de la independencia del poder judicial. Por un lado, examina la jerarquía judicial y el stare decisis; y, por otro lado, ofrece una visión de la interacción entre el orden federal y provincial.
El juicio por jurados en Entre Ríos: la ley 10.746 y el “Caso Cervín”
En el presente artículo analizaré, en un primer momento y de manera breve, la constitucionalidad del juicio por jurados. Asimismo, aludiré a la Ley Nro. 10.746, la cual regula el juicio por jurados en la provincia de Entre Ríos, qué delitos son sometidos a este instituto, sus críticas y puntos a destacar. Posteriormente, me adentraré en un caso resonante de la provincia antes mencionada en el que se discute no solo la constitucionalidad del doble conforme (art. 89 de la Ley de Juicio por Jurados de Entre Ríos), sino que además la arbitrariedad del veredicto y la particularidad de la cuestión de género, la cual atraviesa el caso bajo análisis.
Aplicación de Inteligencia Artificial en procedimientos concursales: el futuro es hoy
La aparición de nuevas tecnologías como la inteligencia artificial, el machine learning, el blockchain y los smarts contracts suponen herramientas utilísimas y definitivamente indispensables para que, aplicados –sin temores ni escepticismos– a los procedimientos concursales, eviten la ineficiencia, larga duración y sus altos costos, vicios comunes que aquellos padecen, tanto en el sistema concursal argentino como en el de casi todas las legislaciones comparadas de insolvencia.
Interpretación y argumentación: importancia del uso del lenguaje claro en el proceso penal adversarial oral
El presente trabajo de investigación tiene por objeto examinar la importancia y grado de aplicación del lenguaje claro en la actualidad en Argentina, en su faz oral y en su faz escrita, específicamente en el marco de los procesos penales adversariales orales. La investigación realizada revela que la tendencia mayoritaria se orienta a la creación de instrumentos (leyes, manuales, guías, pautas, entre otros) destinados a la promoción del lenguaje claro únicamente en las comunicaciones escritas, pero no en las comunicaciones orales. Consecuentemente, se aprecia que la ausencia de información expresada en términos claros durante el transcurso de un proceso penal adversarial oral vulnera los derechos de raigambre constitucional de acceso a la justicia y de defensa en juicio.
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Reproducción humana asistida post mortem: un criterio de aproximación para su consagración legislativa
En el campo de la biogenética, la reproducción humana asistida es uno de los mayores logros. El nuevo orden civil no logró incluir la gestación por sustitución y las técnicas de reproducción humana asistida post mortem por dilemas éticos y jurídicos. Cabe preguntarse si es posible construir una postura intermedia entre las tesis extremistas que defienden la realización de la técnica o la condenan. La jurisprudencia argentina viene desarrollando con bases sólidas una postura intermedia que probablemente con el transcurso de los años llegue a tener consagración legislativa. La reproducción humana asistida post mortem constituye un supuesto especial dentro de las técnicas de reproducción asistida cuya característica definitoria radica en que se realiza después de la muerte de uno de los miembros de la pareja. El marco regulatorio debería estructurarse sobre criterios basales como la excepcionalidad de la admisión del consentimiento presunto, limitada al supuesto de transferencia post mortem de embriones crioconservados al tiempo de la muerte, y la presunción iuris tantum del consentimiento presunto, fundada en la premisa de que un tratamiento de reproducción asistida configura un proceso.
Ablación genital femenina: entre la cultura y la opresión de los cuerpos
En el presente trabajo se abordará el fenómeno de la mutilación genital femenina, su vinculación con la cultura y la religión islámica. Además, se pondrá foco en los instrumentos internacionales de derechos humanos, y en los movimientos feministas islámicos, que han venido en el último tiempo a exigir una relectura del Corán, con perspectiva de género. De esta manera, veremos que la mutilación genital femenina, lejos está de ser una imposición coránica, sino más bien una estrategia de control sobre los cuerpos de las mujeres y niñas, lesionando sus derechos fundamentales.
La edad jubilatoria como criterio problemático en los concursos públicos de la provincia de Córdoba: ¿discriminación hacia las mujeres?
La finalidad de este trabajo es realizar un análisis crítico de las bases y condiciones de los concursos para cubrir cargos jerárquicos en la administración pública de la provincia de Córdoba. En particular, lo que interesa examinar aquí es la reglamentación a partir de uno de los requisitos excluyentes que prevé: los aspirantes que, al momento de la inscripción, se encontraran en condiciones de acceder a un beneficio jubilatorio no podrán acceder al concurso. Este criterio es considerado problemático por imponer una edad como límite al derecho a concursar y motiva la revisión de la razonabilidad con la que se ha ejercido la potestad reglamentaria. Para ello, se evalúa el impacto que tiene este criterio en las mujeres mayores de sesenta años y el posible riesgo de que la normativa sea discriminatoria, analizando la cuestión de género y ancianidad a la luz del bloque constitucional. Además, se analiza si cabe incluir el criterio problemático en una categoría sospechosa. El trabajo finaliza aportando, a modo de reflexión, algunas contribuciones que puedan brindar mayor razonabilidad al proceder estatal en futuros concursos, resguardando la dignidad de las personas.
Derecho, disociación y cómo (no) solucionarlo
En la Argentina, nuestra manera de vincularnos con la ley parece teñida por una suerte de costumbre a su incumplimiento. Dicho de otra forma: vivimos en un estado de disociación entre lo normativo y lo social. En el marco de este problema, algunos enfoques jurídicos, en lugar de dar herramientas para ayudar a resolver nuestras contradicciones, las agravan. Este trabajo se detiene particularmente en una manifestación concreta de este tema en nuestro Derecho Público: la idea de la ‘constitución real’. Se intentará demostrar que este concepto, que se hace llamar ‘descriptivo’ es, en realidad, bastante más que eso. Para hacerlo, se remitirá a los orígenes no tan descriptivos de la noción de la ‘constitución real’ e intentará demostrar que, aun en su faceta más inofensiva, la idea de las ‘dos constituciones’ pretende erigirse como una manera de definir el Derecho de una sociedad. En definitiva, se trata de un claro ejemplo de cómo no solucionar nuestra disociación entre expectativa normativa y realidad social.
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La inconstitucionalidad de la “jurisdicción administrativa primaria”
El trabajo comienza definiendo el concepto de poder jurisdiccional. Define al concepto como una potestad que tiene únicamente el Poder Judicial. Luego, introduce la discusión sobre la posibilidad de que el Poder Ejecutivo se arrogue facultades jurisdiccionales. Menciona las cuatro posturas posibles que pueden tomarse respecto a eso. Introducido el tema, el ensayo analiza la jurisprudencia argentina. Concluye en que la teoría de la “jurisdicción administrativa primaria” fue la que adoptó la Corte Suprema por primera vez en el fallo Fernández Arias c/Poggio. El trabajo plantea una postura diametralmente opuesta a la adoptada por la Corte y plantea diversos argumentos constitucionales en contra de su legitimidad. Comienza planteando argumentos constitucionales a favor de la prohibición tajante de la jurisdicción administrativa. Seguido a eso, menciona argumentos relacionados a las garantías procesales. Por último, analiza la practicidad de la teoría que critica.
En busca de los contratos perdidos (facultades de la Secretaría de Energía en la Ley 24.065 y el artículo 9, Resolución SE 95/13)
Este trabajo considera el alcance de las facultades de la Secretaría de Energía conferidas por los artículos 35 y 36 de la Ley 24.065 a la luz de la Resolución SE 95/2013. Se presta especial énfasis a la suspensión introducida por el artículo 9 de dicha resolución –denominada allí como transitoria– respecto del derecho de los generadores, distribuidores y grandes usuarios –previsto en la Ley 24.065– de ejecutar contratos en el Mercado a Término del Mercado Eléctrico Mayorista. Además, se destaca la extensión de tal suspensión por un plazo –que a la fecha de entrega de este trabajo– ya lleva más de diez años.